La competitividad fiscal de las Comunidades Autónomas

La Fundación para el Avance de la Libertad ha presentado el 12 de diciembre la segunda edición del “Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF)”, referido al ejercicio 2018. Se trata de un indicador relativo, que compara la situación de los diecinueve sistemas fiscales, quince comunes y cuatro forales, que conviven en nuestro país.

Su denominación y diseño responde al objetivo de mostrar el grado en que las Comunidades Autónomas emplean sus competencias para regular un sistema tributario que sea capaz de atraer a su territorio residentes y empresas.

Se construye a partir de seis componentes, que miden la política fiscal seguida por las haciendas autonómicas en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en materia de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Hidrocarburos, e imposición propia. A su vez, para cada uno de estos impuestos, se tienen en cuenta distintas variables, un total de 64, nuevamente en función del nivel competencial autonómico: diseño de la tarifa de tipos impositivos, establecimiento de deducciones, bonificaciones, mínimos personales y familiares, etc. Por último, al tratarse de un índice relativo, se realiza una normalización de los componentes finales, para poder comparar los resultados de las distintas regiones a partir de su puntuación en cada uno de los subíndices, en una escala ente cero y diez. El valor cero implica la peor valoración posible entre los territorios analizados y el valor diez la mejor.

Sin entrar a valorar la metodología seguida en la construcción del índice, considero que debemos valorar positivamente el esfuerzo por ofrecer una visión global de una cuestión cada día más importante y compleja, dada la creciente dispersión que se produce en la normativa fiscal de las Comunidades Autónomas.

Como cabía esperar, al igual que sucede en otros estudios sobre esta materia, los resultados reflejan las diferencias crecientes de fiscalidad entre regiones y la brecha que se está produciendo entre las Comunidades que han optado por disminuir la presión fiscal soportada por sus residentes y las que han adoptado políticas de subida de impuestos.

En síntesis, las cinco regiones más competitivas, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Madrid y La Rioja, se caracterizan por aplicar menores tipos impositivos y mayores beneficios fiscales en los principales impuestos. Las cinco menos competitivas, Cataluña, Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura, son las peor situadas en los tres impuestos más importantes, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Sucesiones.

Por otra parte, los cambios respecto al ejercicio 2017 se producen por la realización de reformas fiscales en algunas regiones. Así, Andalucía y Murcia han mejorado sus posiciones fundamentalmente al haber aprobado rebajas en el Impuesto sobre Sucesiones. Por el contrario, han empeorado Navarra, Comunidad que ha realizado aumentos en los tres impuestos personales sobre la renta y riqueza, y Cantabria, que ha modificado al alza los tipos de gravamen de los impuestos sobre el Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales y reducido las bonificaciones en el de Sucesiones.

Finalmente, destacar que el Informe aporta también valiosa información desagregada, que permite comparar aspectos muy relevantes de los diferentes tributos, principalmente en lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio.

Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, 2017 y 2018

Fuente: Fundación para el Avance de la Libertad, 2018, pp. 11.