El objetivo del presente escrito es esbozar las consecuencias tributarias (sino riesgos) dimanantes del uso, disfrute, utilización o empleo por parte del socio persona física de un bien o derecho titularidad de la sociedad (normalmente, inmuebles, vehículos, aeronaves o embarcaciones), …
Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT) de 30 de junio de 2017, número V1706-17. Los servicios de asistencia jurídica gratuita se han incluido entre las operaciones no sujetas al IVA (artículo 7.10º de la Ley 37/1992), hasta …
El artículo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), prevé una reducción del 25 por ciento del importe de las sanciones que deban ingresarse por la comisión de cualquier infracción, siempre y cuando concurran acumuladamente …
El Real Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, añade una nueva Disposición Adicional Cuadragésima Quinta a la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF). Esta disposición adicional …
En contextos de crisis económica las empresas suelen acometer reestructuraciones de su pasivo, esto es, llevan a cabo distintos negocios jurídicos que tienen como fin rebajar la carga financiera de su deuda. Con carácter general las principales operaciones en que suelen concretarse estas reestructuraciones de deuda son: […]
La utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios en sus distintas manifestaciones. Favorece la opacidad de las operaciones y actividades y su ocultación a la Administración.
ANTECEDENTES
El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude estableció una serie de limitaciones a los pagos en efectivo.
Más particularmente, dispuso la prohibición de los pagos en efectivo de aquellas operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros (el límite es de 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente) cuando alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional… […]