COVID-19: Medidas económicas insuficientes

Tras el Consejo de Ministros celebrado la semana pasada, no puedo más que mostrar, en nombre del Colegio de Economistas de Asturias y en la línea de nuestro Consejo General de Economistas, como no podía ser de otra forma, nuestra gran desilusión por la poca contundencia de las medidas económicas que se han anunciado, especialmente por no atender a la razonable petición de ampliar los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas.

Los acuerdos del Consejo de Ministros demuestran una total falta de sensibilidad del Ejecutivo con empresas y profesionales, a quienes parece querer negar herramientas de fácil implementación y bajo coste que podrían ser de gran ayuda para garantizar su supervivencia, facilitándoles liquidez con algo tan sencillo como ampliar los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de los pagos de las cuotas de la Seguridad Social; lo que sería especialmente importante para aquellos que, a duras penas, están intentado mantener la actividad –máxime con la extensión del estado de alarma 15 días más–, y a los que podría parecer que están dejando en una situación de desamparo.

Dentro de nuestra corporación se encuadran profesionales que están muy cerca de la empresa en el asesoramiento financiero, mercantil, laboral, concursal o fiscal, y estamos comprobando estos días la preocupación y el pesimismo que estos nos transmiten, no solo por ellos sino, sobre todo, por los problemas que se agolpan alrededor de ese tejido empresarial. En unos casos, se ha producido el cierre de sus negocios, en otros es difícil o imposible cobrar las facturas y realizar ventas, y todos advierten un futuro dificilísimo, incluso después de que la pesadilla del Covid-19 cese.

Es un clamor entre nuestro colectivo –y justa demanda- la petición de que se amplíen los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas, que se agilicen los aplazamientos de deudas tributarias también para otras empresas que no sean pymes –aunque hubiera que analizarlos caso a caso– y que se modifiquen los plazos del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre Sociedades, en el primer caso por comenzar el plazo de declaración en medio de esta vorágine y, en el segundo, por el desplazamiento que se ha producido en los plazos mercantiles.

Asimismo, con objeto de atender debidamente también a aquellas empresas que, pese a verse afectadas por los efectos del coronavirus, siguen manteniendo un razonable nivel de actividad y el empleo de sus trabajadores, deberían ser exoneradas temporalmente del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social, ya que, de no hacerse así, se estarían dando mayores ventajas al cese de actividad y la suspensión de los contratos de trabajo frente a aquellas empresas que, por tipología, pueden seguir prestando sus servicios. En nuestro país existen muchas empresas que, aunque continúan en funcionamiento, lo están haciendo a un menor nivel y que, además, cuentan con fondos de maniobra muy limitados, por lo que también deberían recibir apoyos por parte del Gobierno, como, por ejemplo, aplazando el pago del próximo 30 de marzo del IVA y de las cuotas a la Seguridad Social, así como los pagos fraccionados de Sociedades, las retenciones del IRPF y el IVA, que habrán de hacerse en abril.

No pedimos reducción ni condonación de los tributos, esenciales para el normal funcionamiento de un Estado de Derecho, sino que nuestra petición se centra en el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el periodo de emergencia sanitaria, en defensa de la salud de las empresas, sus trabajadores, profesionales y ciudadanos, en general.

El mantenimiento de los plazos de las declaraciones y autodeclaraciones tributarias supone, además, quebrantar, sin necesidad, las medidas de confinamiento acordadas, implicando un grave e innecesario riesgo de contagio.

Se añade a lo anterior el elevadísimo número de ciudadanos que entrega aún facturas y documentación en papel o carecen de firma digital, por lo que la gestión se torna casi imposible. Nuestros colegiados enfrentan a sus clientes a la posibilidad de severas sanciones de la Agencia Tributaria. No es de recibo, como digo, esta falta de sensibilidad de la Administración con quienes tratan de mantener su actividad en los momentos más duros de nuestra historia moderna, dejándose la piel para tramitar los ERTE, avales o trabajar con los autónomos para aliviar el deterioro económico y que suponen un considerable aumento de carga de trabajo, cercano al colapso de no reconsiderarse de diferir los plazos el calendario fiscal.

Los economistas reclamamos un ejercicio de recapacitación para ampliar el plazo para cumplir con el fisco en un período suficiente. Es mucho lo que todos nos jugamos en el desafío. Solo remando juntos en la misma dirección podremos salir de esta complicadísima situación de la mejor de las maneras. Si no, las consecuencias serían nefastas.